Por un lado, están las empresas, poseedoras de capital económico, social y político; por otro, las organizaciones sociales, especialmente las rompedoras de coco, poseedoras de un capital económico casi nulo, pero con un peso importante en las esferas política y cultural, que intentan construir un proyecto alternativo que pueda servir a algunos de los excluidos o perjudicados por el Proyecto Grande Carajás (PGC).
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